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Reunión con los jueces y preocupación por el aumento de las prisiones domiciliarias para represores

Reunión con los jueces y preocupación por el aumento de las prisiones domiciliarias para represores

Al tristemente conocido Miguel Etchecolatz, represor y genocida condenado en múltiples causas por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, además señalado por la segunda desaparición de Julio López ocurrida en septiembre del 2006, le fue concedida la prisión domiciliaria en una de las causas. La noticia levantó una señal de alerta en las organizaciones de derechos humanos que hasta elevó a la Cámara de Casación sus propuestas.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó en los últimos días tras la estadística aportada por la fiscalía especializada que ve con «preocupación el aumento de las prisiones domiciliarias y libertades condicionales dispuestas por la Justicia Federal en casos de personas procesadas y condenadas por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado».

Según lo trascendido, la defensa del genocida presentó pedidos en otros expedientes para que pueda volver a su casa luego de su internación, actualmente en una clínica de Merlo, ya que la decisión de la Cámara Federal de Casación solo es para una de sus condenados por delitos de lesa humanidad. Mario Guillermo Ocampo y Luis Firpo fueron condenados a prisión perpetua en el juicio de la Contraofensiva, los integrantes de la Cámara Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma le concedieron la prisión domiciliaria.

Ante esto, ayer se produjo una reunión en los tribunales de Comodoro Py entre Alejandro Slokar, Mariano Borinsky y Ana María Figueroa con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla quien les presentó una serie de propuestas para garantizar una mayor celeridad en estas causas y que las víctimas y sus familias obtengan justicia y reparación.

Estas propuestas buscan que se priorice el trabajo sobre los procesos que están en curso, que se garanticen juicios orales sin demoras y que las condenas que se dicten sean confirmadas en un tiempo razonable. En ese sentido, la Secretaría señaló la necesidad de acelerar las causas en la etapa de instrucción, con plazos máximos para resolver los pedidos de indagatorias; se eviten demoras en la etapa del debate oral y público, con un mínimo de dos audiencias completas por semana, y que tampoco haya demoras en las instancias de revisión de las sentencias.

Para reducir la extensión de los juicios, plantea establecer nuevas pautas que permitan potenciar la utilidad de las audiencias preliminares, que se defina un criterio uniforme para la incorporación de los testimonios de personas que hayan declarado con anterioridad en otras causas y que se reemplace la lectura de los requerimientos de elevación a juicio con una breve exposición oral por parte de las acusaciones.

Al respecto, los letrados, según lo publicado por Página 12, explicaron: “La detención del nombrado en la unidad carcelaria provoca un agravamiento en su estado de salud, puesto que (de) los informes supra referenciados se desprende que el actual cuadro clínico del nombrado es delicado y el lugar de alojamiento no posee infraestructura suficiente para atender las diversas patologías de la que adolece el encausado”.

Por su parte, Guadalupe Godoy, abogada en los juicios de lesa humanidad en La Plata opinó, en dialogó con medios radiales, que cuando se tomó la decisión política de juzgar a los represores, en el 2005, se hizo con las herramientas procesales que había y que “estaban para los delitos comunes”.

No se iba a crear un Tribunal específico”, detalló la abogada y recordó que algunos organismos estaban en contra porque “los códigos no estaban hechos para juzgar genocidas”.

En cuanto a Etchecolatz, remarcó que más allá de la unificación “no se logró que haya un juzgamiento por su rol en el circuito Camps, por eso estamos 15 años después con un montón de condenas y juicios sobre las mismas personas”.

“Desde el año 2006 las domiciliarias nos generaban mucho rechazo, porque las leíamos como un privilegio. En el mismo contexto a una persona que cometió un delito común no se le otorgaba la prisión domiciliaria que si les dieron a los genocidas”, reflexionó la abogada.

A raíz de la presentación de archivos de los defensores de Etchecolatz, quedará esperar qué decide la Cámara con respecto a las otras causas que por ahora mantienen al ex represor en una cárcel común, como lo exigen los organismos de derechos humanos.

En detalle en el juicio por Circuito ABO que se reinicia hoy de forma virtual, de los más de 30 genocidas condenados en el circuito ABO sólo 10 están cumpliendo esas penas en cárceles comunes, de los cuales 3 gozan de salidas transitorias (Eduardo Kalinec, Luis Donocik y Juan Carlos Avena): 12 tienen prisión domiciliaria, 9 fallecieron y 2 pidieron la libertad condicional, como contó Ailín Bullentini en P12.

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