Comedores demandan al GCBA porque les negó la inscripción a un programa de apoyo
Treinta y siete comedores populares demandaron al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pidiendo la reapertura de la inscripción al Programa de Apoyo, Consolidación y Fortalecimiento a Grupos Comunitarios. El amparo colectivo se encuentra patrocinado por el ministerio público de la defensa porteña.
Los comedores denuncian que el gobierno porteño les ha venido denegando arbitrariamente su incorporación al programa, bajo excusa de que está cerrada la inscripción de nuevos espacios. Esto les impide a los comedores obtener los módulos nutricionales, subsidios y acciones de orientación, capacitación y apoyo técnico que prevé la Ley 2.956.
Los comedores se encuentran patrocinados por el defensor Ramiro Dos Santos Freire, Coordinador de la Unidad Especializada en Procesos de Urbanización e Integración Social, quien solicitó que se ordene al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad, con carácter urgente, reabrir la inscripción al Programa.
Asimismo, se resalta en la demanda que “…esta presentación en ningún modo objeta o intenta obstaculizar, la inmensa labor que desarrollan los centros comunitarios que actualmente se encuentran ingresados al Registro de identificación de beneficiarios RIB y Planes y Subsidios (Resolución N° 480/SECLyT/2015), sino por el contrario, la intención es la incorporación de nuestros espacios, para que así se pueda ampliar la cobertura prevista por el Programa de Apoyo, Consolidación y Fortalecimiento a Grupos Comunitarios para aquellas personas en situación de vulnerabilidad que asisten a los centros comunitarios que promueven esta demanda”.
Ante los pedidos de inscripción de los comedores y negatoria del GCBA el amparo explica que la no inscripción “afecta no sólo a los grupos comunitarios excluidos, sino que, tratándose de políticas alimentarias e integradoras, afecta a las personas que asisten a esos centros”.
Se “vulnera principios constitucionales en materia de derechos humanos, en especial el principio de progresividad en materia de DESC”, al afectar gravemente el derecho a la alimentación adecuada de los vecinos y vecinas del barrio, como así también su derecho a la salud integral y a la vida digna.
En el escrito se hace hincapié en que no se encuentra debidamente justificado por qué no se encuentra abierta la inscripción y “afecta los principios de igualdad y no discriminación que debe imperar en cualquier decisión administrativa”.
“La crítica situación económica que atraviesa el país desde hace tantos años (la cual se ha agravado en estos años de pandemia y conflictos bélicos) hace que resulte muy difícil para nuestros espacios poder brindar asistencia alimentaria mediante recursos propios. La realidad indica que, sin contar con la asistencia estatal, somos muchos los centros comunitarios que deberemos dejar de prestar servicio a la comunidad”, dice el amparo.
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