«La crisis de las vacantes de jueces empezó en 2018 con la nueva ley»
El organismo llegó esta semana al cuarto de siglo y a su celebración asistieron distintos referentes de la justicia nacional y provincial. Entre ellos, se destacó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, junto a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, y su vicepresidente, Sergio Torres.
Además, estuvieron presentes autoridades de la Suprema Corte de Justicia, funcionarios del Poder Judicial, autoridades del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, entre otras.
Con motivo a dicho acontecimiento, Tiempo Judicial habló con Diego Bonanno, consejero titular del Consejo de la Magistratura y representante de los Jueces de Primera Instancia, sobre la actualidad del Poder Judicial en la provincia.
¿En qué situación se encuentra el Consejo de la Magistratura?
Tratando de cubrir distintas clases de eficiencia y en distintas temáticas de problemas. El atraso que tiene la administración de justicia en sus designaciones, principalmente, tiene factores múltiples que lo han provocado y es lo que estamos tratando de atacar. Pero, hay otros actores que intervienen en el mismo, no es solo el Consejo de la Magistratura. La crisis de las vacantes se empieza a desatar con mayor claridad a partir de la sanción de la ley 15.058, producida en el año 2018, en donde se sanciona una nueva y compleja ley de procedimiento de selección de los magistrados.
¿En qué afectó?
Por su imposibilidad de reglamentación inmediata, sumado a la parálisis que provocó en el Consejo la pandemia y la ausencia de acuerdos dentro del mismo marco, sobre todo en la primera etapa de funcionamiento del mismo a partir del 2020, provoca y lleva a este resultado. Donde actualmente tenemos 500 vacantes que se suman a otras 200 que responden a distintas cuestiones. Tenés 500, a las que habría que sumar las renuncias que se van produciendo semana a semana dentro del Poder Judicial, que previo a que nosotros pongamos en marcha la vacante necesitamos la convocatoria del Poder Ejecutivo. Ellas, aproximadamente, podrían ser entre 20 y 30 vacantes que están en esta nube, donde el magistrado ya anunció que se irá, pero el Poder Ejecutivo todavía no aceptó la renuncia, o habiendo aceptado todavía no hizo la convocatoria oportuna. Esto te da un universo muy superior a las 700 vacantes dentro del Poder Judicial.
¿Cómo repercuten estas vacantes en el funcionamiento de la provincia?
Hablamos que tenés más de 50 vacantes en la provincia del Tribunal de Trabajo, más de 50 vacantes en el Tribunal en lo Criminal, más de 35 vacantes de defensores oficiales y tenés más de 110 vacantes de fiscales en el marco de la provincia. Estos son algunos números ilustrativos a los que se debe sumar no menos de 20 jueces de paz. Los números son altísimos y la incidencia que estos números van a tener, o tienen, en la debida administración de justicia son importantes.
¿Era más dinámico antes?
Hasta el año 2018 tenía un funcionamiento puro, simple, sencillo, con una sola etapa en el proceso de selección, que era una prueba de oposición donde se le requería al postulante un conocimiento técnico con la resolución de un caso específico. Si estaba aprobado, después iba a una entrevista y luego se votaba la terna.
El Consejo que tiene actualmente 46 empleados y es totalmente voluntarista, que no es profesional, que trabaja con jueces que trabajan de jueces, con abogados que siguen trabajando de abogados, con diputados que siguen siendo diputados y tienen sus obligaciones como tal, con senadores que siguen siendo senadores, con un presidente del Consejo que, a su vez es uno de los ministros de Corte, es muy complejo.
Cuando se dicta la nueva ley se pone se pone la obligatoriedad de una escuela judicial a nuestro cargo, que tiene que durar entre un año y medio y dos, con una currícula que debemos determinar nosotros, se complejiza el sistema pasando de una etapa a cuatro, escrito, oral, entrevista, y un orden de méritos puntuales.
¿Esto afectó el funcionamiento interno?
Esto trae un gran atraso y una gran complejidad de resolución. Hoy estamos parados en un Consejo que actualmente tiene 13 miembros de 18, porque faltan nombrar cinco legisladores con sus respectivos suplentes, y seguimos siendo un Consejo no profesional, con un presupuesto muy acotado que, afortunadamente, el Poder Ejecutivo en la actualidad está con voluntad y con criterio de modificar para que podamos ir profesionalizando los sistemas con los que tomamos. Pero que sigue teniendo la dificultad a las que me refiero.
¿Se puede resolver?
Nosotros como Consejo de la Magistratura, en un proceso en donde sin consenso no hubiéramos logrado nada, lo primero que le pedimos a la Legislatura es la suspensión al menos de una de las cuatro etapas del proceso de selección que sancionó la nueva ley y que son los exámenes orales. De todas maneras, si bien vamos a una prueba por escrito que simplifica un poco el proceso, sigue existiendo un orden de mérito y sigue existiendo una entrevista que antes era una cuestión más de concepto y pasa a ser una cuestión puntual y, por lo tanto, cada una de estas etapas tienen la posibilidad de ser recurridas por el postulante.
¿La cuestión presupuestaria es un inconveniente?
Nosotros no tenemos ninguna clase de presupuesto para tomar exámenes a distancia y tenemos, además, una gran incapacidad que vamos superando lentamente para tomar exámenes masivos. Hoy no podríamos tomar más de 70 y 100 exámenes, en el marco de la sede del Consejo de Magistratura en un solo acto. Recién ahora contamos a partir de este mes con un nuevo establecimiento que nos cedió en el Ministerio de Justicia, en donde estamos habilitando entre 100 y 150 terminales para tomar examen. Todo esto lo seguimos haciendo con cuarenta y algo de empleados, dentro de esos empleados un grupo muy reducido de informática que nos prepara los sistemas y el programa.
¿Cómo se puede revertir esta crisis?
La problemática llegó y se instaló. Necesita otra clase de respuesta que debería estar de la mano de un nuevo diseño del proceso de selección, regido por una nueva ley. Evidentemente, si quieren insistir por el modelo actual debería estar multiplicado en posibilidades de recursos y el sistema de funcionamiento, cosa que hoy no ocurre.
El Poder Judicial y los magistrados ¿Cómo se encuentran hoy?
Evidentemente, por un lado, debo destacar el profundo sentimiento de compromiso que los magistrados de la provincia de Buenos Aires, frente a esta situación, han asumido. No hablo solo por conocerlos y por representarlos, sino que también hablo de la mano de las estadísticas que publica la Corte en forma permanente. Ahí se puede ver cómo frente a la pandemia se respondió con un proceso de digitalización.
Lo que aceleró los procesos de renuncia por el gran desgaste que esto significa y provocó porcentajes muy altos de magistrados que llevan adelante otros magistrados. Entonces, la responsabilidad no se atenúa de ninguna manera, sino que se multiplica, es decir, a mí nadie me va a perdonar un error porque en vez de tener una dependencia a cargo, tengo dos y firmo para tres.
¿El desgaste se genera por la acumulación de trabajo?
No está previsto en la lógica que alguien me libre de mis responsabilidades porque tengo más trabajo que el que fue diseñado. Claro, la Ley Orgánica del Tribunal está hecha en base las estadísticas, índices de litigiosidad, cantidad de ciudadanos, la extensión territorial, ha fijado una organización para toda la provincia. Cuando esta organización entra en crisis con porcentajes altísimos de ausencia de magistrados en fueros determinados, se produce un problema. Se sale a cubrir ese agujero y en ese salir a cubrir, no es lógico pedir ni la misma calidad de administración de justicia ni la misma velocidad.
Es un panorama abrumador…
Sin embargo, repito, el altísimo grado de compromiso y, este sentido, del honor que se tiene cuando uno asume la Magistratura hacen que los resultados no sean catastróficos, hacen que los resultados muestran un compromiso de una honorabilidad por demás, destacada, pero insisto el precio es altísimo.
¿Tiene solución esto en el futuro inmediato?
Con honda preocupación vemos que los números de participación que actualmente tenemos en los concursos que hemos abierto no son los deseados. Esto tiene que ver con distintas causales, que también estamos analizando. Esta complejidad que ha traído la ley en el proceso de asignación repercute en el en el ánimo de los de los postulantes que deben pasar por este proceso en tiempos no sanos. Cuando un proceso de selección tarda años en desarrollarse expone a cada uno de los postulantes a situaciones que no son las queridas y que terminan siendo profundamente frustrantes, difícil de sobrellevar.
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