La humillación pública a la mujer como arma de descalificación
En el discurso prestado por la Dra. Graciela Camaño, el 8 de marzo de 2022, en el marco del seminario “Puertas Adentro de Nuestra Casa”, todas nosotras pudimos expresarnos, escucharnos, emocionarnos, y empatizar con las diferentes historias que sufrieron nuestras compañeras (con independencia del poder del Estado en que se desempeñan).
«Nuestra casa», porque pasamos muchas más horas trabajando que con nuestras propias familias, y al igual que en muchas familias, las estructuras patriarcales y de opresión hacia la mujer no se encuentran ausentes, sino que se reformulan, y ahí vemos cómo la lucha parecería ser eterna. Opresión en nuestro hogar y en nuestros trabajos. Con la particularidad de que nuestra función en la representación de todas las mujeres que no tienen voz, que carecen de las posibilidades de comunicación y relevamiento como nosotras, por lo cual ese estándar fijado por la Corte Interamericana de Justicia de ¨Debida diligencia reforzada” (art. 7 de la Convención de Belén Do Pará, fallo Campo Algodonero contra México) que impone al Estado en su carácter de doble garante del cumplimiento de respeto por los derechos de las mujeres, su protección.
De comienzo, no puedo dejar de reflexionar respecto a que los avances legislativos relacionados con la temática de género asomaron directamente proporcionales con la mayor participación femenina en el Congreso de la Nación.
Otro hito sin duda fundamental ha sido la adopción de distintos instrumentos internacionales y regionales de Derechos Humanos. Si bien el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional desde su inicio declara al principio de igualdad, distintas circunstancias evidencian que al principio las mujeres no estábamos comprendidas en esa igualdad.
El surgimiento de colectivos de mujeres que reclamaban derechos civiles y políticos en las mismas condiciones que los varones y las excusas por las cuales no podían las mujeres participar (pongo de ejemplo la famosa libreta de enrolamiento que le reclamaron a Julieta Lantieri cuando requirió su derecho a emitir su voto en la cola de electores de esa elección). Esto nos da la pauta de que ya entonces no estábamos en igualdad, tal como lo pregonaba el 16.
Más aún, aquella igualdad formal inicial ante la ley sirvió para cursos discriminatorios, donde se argumentaba que la ley establecía su igualdad de modo que si las mujeres no ocupábamos los cargos de poder o los cargos relevantes se debía pura y exclusivamente a nuestra incapacidad, o porque no estábamos preparadas o porque no los disputábamos debidamente, o porque no éramos idóneas para la competencia, o porque no nos dedicábamos suficientemente a los espacios públicos. Ahora bien, cuando pretendíamos ocupar esos espacios por disposiciones legales, el sistema de cupos que tuvo tanta resistencia, los varones se resistían a ser desalojados de sus roles históricos.
Creo que aún hoy hay cierta discriminación en el trato que se ve en el lenguaje. Para poder insertarnos las mujeres nos fuimos acostumbrando a acciones masculinas, especialmente la confrontación de aquellos hombres con las mujeres que se comportan en paridad. Está demostrado que la paridad provoca mayores resistencias por quiénes se creen con más derechos por el sólo hecho de ser varones.
Es común que a las mujeres que buscamos una oportunidad en el ámbito del poder se nos estereotipen como ¨bravas¨, mujeres ¨con carácter¨, ¨fuertes¨ o ¨indomables¨, entre otras muchas cosas. Pero está claro que cuando sucede esto es que no se acepta a la mujer como un par, no se la tolera cuando no se ubica como inferior. Todo otro comportamiento es molesto y origina actitudes de censura y de rechazo. Esos son actos discriminatorios sobre los que voy a hacer hincapié, en la persecución política, fundamentalmente.
En lo personal, participo de un grupo de amistad en el Congreso que hace campaña vinculada al tema porque es real que existen formas de violencia que todavía están solapadas. Aun cuando estén menos presentes en el debate público, contribuyen a sostener la estructura de discriminación de género que reproduce la violencia más extrema, las expresiones de violencia sexista en la vía pública o en los ámbitos laborales, pero en los espacios de participación social y política sin duda socavan la autonomía de las mujeres en sus distintas dimensiones. Las violencias mediáticas y simbólicas reproducidas en el discurso público restringen la autonomía en la toma de decisiones. Y la violencia en ámbitos sociales educativos laborales que limitan el ejercicio de la autonomía económica de las mujeres y que promueven las condiciones estructurales para su dependencia emocional y su permanencia en relaciones marcadas por la violencia.
En los últimos años, la violencia contra las mujeres en la política fue cobrando más relevancia en la agenda, llamando la atención de diversos actores en distintos lugares del mundo. De un modo paulatino pero creciente, manifestaciones como la violencia institucional o la violencia el acoso político reciben mayor atención. Analizar la violencia política contra las mujeres cobra relevancia por todo lo que dije e impacta también en las mujeres políticas, fundamentalmente, en cuanto refiere al acceso a puestos de toma de decisión y refuerza roles tradicionales de género socava la calidad de la democracia el desarrollo y el pleno disfrute de los derechos humanos.
Hasta muy recientemente esta forma de violencia se encontraba totalmente inmovilizada y naturalizada considerada como “el costo que debíamos pagar las mujeres por participar en política”. En los últimos años la violencia y el acoso político contra las mujeres empezó a tomar un papel, a hacerse lugar en las agendas regionales e internacionales. Se reconoce que trabajar sobre el tema de manera legislativa, tomar conciencia, es fundamental para contribuir con el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y para consolidar la democracia sólida y de inclusión.
Esta campaña de igualdad de género a la que me refería anteriormente está promovida por el Equipo Parlamentario de respuestas rápidas del Grupo Parlamentario para la Acción Global (PGA por sus siglas en inglés), por cuanto se observa que mujeres políticas de todo el mundo han sido víctimas de ataques.
Voy a citar algunos casos concretos para que vean ustedes que nuestra campaña tiene fundamento en una necesidad real:
- Está el caso de la senadora filipina Leila de Lima, quien es una activa defensora de los derechos humanos y ha denunciado públicamente a su Gobierno porque se ha visto perseguida, difamada y encarcelada bajo acusaciones falsas.
- La congresista estadounidense Alexandra Ocasio-Cortez, quien además de recibir insultos sexistas por parte de otros congresistas norteamericanos, ha admitido públicamente que es una sobreviviente de una gran agresión sexual.
- La asambleísta ecuatoriana Soledad Buendía, quien se encuentra actualmente exiliada luego de recibir múltiples amenazas de muerte y agresiones públicas a través de diferentes medios de comunicación, con persecución política y graves violaciones a sus integridad física y psicológica.
- La legisladora del Reino Unido. señora María Miller, quien ha admitido que como diputada ha tenido que acostumbrarse a un bombardeo constantes de abuso verbal proveniente de las plataformas virtuales, las cuales incluyen, entre otras violencias, amenazas de violación y asesinato.
- En el Salvador, la diputada Karina Sosa que fue hostigada con discursos violentos y amenazas de agresiones físicas.
- En Bielorrusia, en la campaña presidencial fue atacada constante y deliberadamente la señora Svetlana Tijanóvskaya y estos ataques incluyeron a sus familiares y aspectos políticos de su campaña.
En abril del año 2021, el Equipo parlamentario de respuestas rápidas de PGA recibió un pedido de revisión urgente sobre la situación de tortura, abuso sexual y otras violaciones graves de los derechos humanos contra las parlamentarias y activistas del Movimiento por el Cambio Democrático de Zimbabue. Esta denuncia hizo referencia a legisladora Joana Maamumbe y a las activistas Chilmbiri y Maruba, y a raíz del grave retroceso, el año pasado Naciones Unidas emitió una declaración en la que pedía a las autoridades de Zimbabwe que procesaran a los perpetradores y pusieron fin a la tortura y la violencia sexual contra las mujeres, al mismo tiempo que instaba a adherirse a una política de tolerancia cero para tales crímenes atroces.
También hay un informe del Instituto Nacional democrático de los Estados Unidos que quiero mencionar y que advierte la existencia y prevalencia del sexismo, la misoginia, el retroceso democrático y el autoritarismo que han creado un terreno fértil para la institucionalización de la violencia contra las mujeres en la política y defensoras de Derechos Humanos.
A nivel regional, las conferencias regionales de la mujer de la comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reconocieron expresamente el problema del acoso y la violencia política contra las mujeres instaron a los Estados a adoptar medidas legislativas y reformas institucionales para prevenir sancionar y erradicar este problema. En este sentido, resultan particularmente relevantes las recomendaciones finales que insertan en los consensos de Quito en el 2007 y en Santo domingo en el 2013.
Por su parte en el año 2015 la asociación de Parlamentos Americanos, lanzó un plan de acción para parlamentarios sobre la prevención del acoso político y la violencia política contra las mujeres, centrados en 5 ejes: a) aplicar enfoques multisectoriales para la prevención del acoso político y la violencia política, b) incluir a los hombres en el empoderamiento de las mujeres en la política a todo nivel, c) hacer a los partidos políticos responsables por la igualdad de género, d) crear un ambiente que permita presentar el tema del acoso político y de la violencia política a un debate público y parlamentario y e) presentar políticas proyectos de ley o reforma sobre acoso político o violencia política y garantizar su cumplimiento.
El trabajo del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) elaboró una declaración sobre la violencia y el acoso político contra las mujeres que incluía una serie de medidas dirigidas a los Estados los organismos electorales los partidos políticos los medios de comunicación y las empresas con el objeto de contribuir prevenir sancionar y erradicar este fenómeno.
En 2017 dicho organismo adoptó una Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política, que contiene una serie de lineamientos y pautas normativas para la generación de legislación sobre violencia en el ámbito político y también recomendaciones de políticas públicas y medidas para la prevención atención y reparación en el ámbito internacional.
En el año 2018 la relatora especial sobre Violencia contra las mujeres sus causas y consecuencias de las Naciones Unidas elaboró un informe sobre violencia contra las mujeres en política y recomendaba en ese informe que se debían establecer mecanismos de acceso a la justicia de reparación contra las mujeres que son víctimas de violencia en la política y, en particular, la indemnización de las víctimas la reincorporación de las personas que se ven obligadas a renunciar a los cargos públicos.
Este informe fue dirigido a los poderes legislativos de los países miembro, a quienes recomendó llevar a cabo periódicamente encuestas y debates públicos para aumentar la conciencia sobre la cuestión de la violencia. No se han visto ninguna de estas encuestas. También a los partidos políticos les recomendó adoptar estos lineamientos en sus reglamentos internos, códigos de conducta, etc., y tampoco se ve que haya sucedido.
Para concluir, me propuse en este Día de la Mujer poner visibilidad sobre esta cuestión. Cuando Mónica Cuñarro me comunicó la convocatoria al evento para mí fue un honor, más porque tenía como referencia a una mujer inconmensurable como Carmen Argibay. Ella es una mujer que, sin importar donde estés parada, no podés dejar de advertir que dejó una huella señera en el siglo 20 y 21 en nuestro país. Carmen ya está en las páginas de la historia. En la disertación mencioné a Julieta Lanteri.
Podría igualmente haberme referido a Eva Perón, pero mencionó a Julieta Lanteri porque ella también fue en su momento esa transgresora que dejó huella. Sin dudas, Carmen es una mujer que ha dejado huella en las páginas de la historia.
Y quise elegir este tema de dar visibilidad a la violencia contra la mujer en el ámbito de la política, no solo por mi compromiso como miembro de del Grupo Parlamentario para la Acción Global (PGA) y Vicepresidenta del Capítulo Argentino, sino porque la democracia no es solo elecciones, campañas políticas y un equilibrio entre los poderes del Estado. La democracia cubre un espectro mucho más amplio que incorpora a los principios de igualdad como no discriminación, el pleno disfrute de los derechos humanos, la participación efectiva en las esferas públicas y privadas y la dignidad inclusión para todos. En definitiva, el vigor de la democracia se sustenta en cómo nuestras instituciones representan y son accesibles por igual y libremente a todos los grupos, sin ningún tipo de discriminación. Esa es una batalla que hay que dar.
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