Ordenan a una mujer detenida por narcotráfico a desbloquear una aplicación de su celular
Ante la complejidad de la seguridad de los teléfonos celulares, y el casi imposible desbloqueo sin la asistencia del propietario, la justicia tomó la decisión de ordenar el desbloqueo de una aplicación de mensajería de un móvil confiscado a una mujer que forma parte de una investigación vinculada con el tráfico de drogas en la cuidad de Bahía Blanca.
Fue el fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca y titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), Horacio Azzolín, quien se mostró a favor de que el Iphone 11 Pro Max sea desbloqueado tras la orden judicial. La aplicación Wickr Me requiere la validación mediante el iris o la cara.
La mujer se encuentra procesada, con prisión preventiva por almacenamiento de estupefacientes. Lo que se encontró en el allanamiento, realizado el 18 de marzo pasado, fueron 500 kilos de marihuana y 5 kilos cocaína. hallados en su poder. Las conversaciones ayudarían a profundizar la investigación y los vínculos que tiene.
La defensa de la mujer, había recurrido a una apelación, pero fue rechazada por el juez federal Walter López Da Silva. Lo mismo se había solicitado para la apertura del teléfono, pero la clave fue hallada en una agenda y no hicieron falta sus datos biométricos.
En tanto, el juez se encontraba habilitado para realizar esta medida compulsiva de acceso a la aplicación de mensajería, ya que la Cámara Federal había dado la autorización para desbloquear el teléfono.
«Quien puede lo más, puede lo menos«, dijo el fiscal, el representante del Ministerio Público Fiscal, en referencia a la aplicación con los chats, y señaló que “si se puede coaccionar a la imputada -utilizando la fuerza justa y necesaria– para que aporte sus datos biométricos (iris y rostro) y así desbloquear un dispositivo de telefonía celular, también se puede hacer lo propio para destrabar una aplicación de ese teléfono con idénticas medidas de seguridad”.
Asimismo, consideró que “entender lo contrario conllevaría a resoluciones totalmente contradictorias, cuando en ambos casos se trata de utilizar a la encartada como objeto de prueba -como sucede cuando se efectúan exámenes corporales- para la búsqueda de la verdad material«.
En tanto, el tribunal explicó que por «la naturaleza compleja del delito investigado, y la gran cantidad de droga incautada imponen no descartar a estas alturas que otras personas aún no señaladas en la causa podrían estar involucradas, o posibles lugares donde se almacenasen más cantidades de estupefacientes o dinero no registrado proveniente de la actividad ilícita imputada, extremos que podrían dar cuenta de una organización delictiva de mayor envergadura”.
“Cuya determinación y desbaratamiento podría determinarse con la medida dispuesta, erigiéndose por tanto como una herramienta necesaria y oportuna para el avance de la investigación y el resguardo del interés social en castigar los delitos de esta naturaleza”, concluyeron.
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