Carrió amplió una denuncia contra Cristina Kirchner por el fallo sobre YPF
La líder de la Coalición Cívica y precandidata al Parlasur de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, denunció este jueves a la vicepresidenta Cristina Kirchner por el fallo en Estados Unidos que obliga al Estado a pagar al menos 5 mil millones de dólares por la estatización de YPF. La presentación alcanza tanto a la expresidenta como al entonces titular de Economía, Axel Kicillof, por el «daño mayúsculo» que ocasionará al Estado argentino el pago de la indemnización correspondiente luego de perder el juicio en los Estados Unidos.
La ex diputada nacional consideró responsable a la expresidenta por la indemnización que la Argentina deberá pagar a un fondo buitre tras la reestatización de la empresa.
Carrió había presentado una denuncia en 2006 y ahora amplió esa presentación con la denuncia contra la titular del Senado y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que en momento de la reestatización era ministro de Economía.
En la presentación, la ex legisladora consideró el «daño mayúsculo» que aquella medida causó al Estado por la forma en que se nacionalizó YPF en 2012.
El caso fue elevado a la Justicia teniendo en cuenta su «gravedad institucional» dado que «excede el interés individual de las partes y atañe a la comunidad (Fallos 247:601; 268:126; 131:1075; 315:325 de la Corte); cuando vulnera un principio institucional básico y la conciencia de la comunidad (Fallos 300:1102); cuando puede resultar frustratorio de derechos de naturaleza federal (Fallos 190:50; 259:43) y cuando la resolución del caso tiene gran trascendencia por sus proyecciones futuras (Fallos 285:279 y 290)”, tal como detalla el escrito reproducido en Clarín.
La denuncia se amplió luego de que el país perdiera un juicio en los Estados Unidos contra un fondo buitre que obliga a pagar unos 5 mil millones de dólares como mínimo.
La postulante al Parlasur elevó el escrito ante el juez federal Ariel Lijo, ante quien advirtió que el juicio en Nueva York «puede causar un daño mayúsculo a la Argentina, ya que puede ser sancionado el Estado Nacional a pagar una suma que puede llegar a los 16.000 millones de dólares«.
Asimismo, en la presentación se consignó que el monto de la indemnización podría ser fijado por la jueza Loretta Preska durante el mes de agosto, al mismo tiempo que se objetó que “los responsables de esa maniobra terminen impunes”, según revelaron fuentes judiciales al diario Clarín.
En cuanto al detalle de la acusación, el escrito detalla que “los funcionarios argentinos mencionados podrían estar incursos en los delitos de: violación de deberes de funcionario público (arts. 248 y 249 C.P.), administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública (art. 174, inc. 5 C.P.), de negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265 C.P.) y vaciamiento mediante la descapitalización de la empresa YPF SA”.
En función de lo anterior, la denuncia presentada por Carrió exigió profundizar la investigación «a efectos de determinar la responsabilidad penal y las conductas delictivas» de los funcionarios públicos «a cargo de la nacionalización de YPF SA y de las presentaciones en defensa de los intereses de la República Argentina (judiciales y extrajudiciales) ante el Juzgado de Nueva York”.
Lijo tiene una causa abierta en 2006 para investigar «esta trama delictual en la que oportunamente he denunciado a Cristina Fernández de Kirchner (actual Vicepresidenta de la Nación), Julio De Vido, Carlos Zanini (actual Procurador del Tesoro de la Nación), Axel Kicillof (actual Gobernador de la Provincia de Buenos Aires), Roberto Baratta y Enrique Eskenazi (Grupo empresario Petersen)».
A la espera de la sentencia que fijará el monto de la indemnización
El último viernes la jueza Loretta Preska determinó que quedó visto para sentencia el juicio donde se definirá la compensación que deberá pagar Argentina a inversores por la expropiación de YPF. Fue luego de que se realizara la tercera y última audiencia en un tribunal federal de Nueva York, donde la magistrada escuchó las posturas de los representantes argentinos y los demandantes.
La sentencia debe determinar un pago por parte de Argentina que oscilaría entre US$ 4.920 millones y US$ 16.050 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park, quienes compraron los derechos para litigar a los accionistas que eran propietarios del 29% de YPF al momento de la expropiación.
En el mejor de los casos Argentina pagaría un resarcimiento similar al que ya pagó a Repsol de US$ 5.000 millones.
CA
