Temor por proyecto de ley "tasa 36"

Alerta empresaria: sólo en 2014 se sumaron 80.000 juicios laborales y crece temor por proyecto de ley «tasa 36» La cantidad de litigios va en aumento, al tiempo que ya tiene media sanción la iniciativa para que las demandas en curso se actualicen a una tasa del 36%, lo que representará un fuerte incremento en los costos y pasivos contingentes. Advierten sobre problemas para pequeñas y medianas firmas La desaceleración del consumo y el estancamiento en el nivel de actividad hicieron que se incremente el temor entre los argentinos ante el empeoramiento de las perspectivas laborales.  Sectores que fueron puntales del crecimiento, como el de la electrónica y el automotor, desde hace tiempo que vienen en retroceso, lo que se reflejó en suspensiones e incluso despidos. Pocas empresas están tomando personal. De hecho, según se desprende de datos del INDEC, más del 93% de los empresarios no prevé contratar empleados a lo largo de 2015. Así, muchas de las compañías optarán por el «goteo». Es decir que si un empleado se jubila o renuncia, no se toma a uno nuevo sino que se pide a otros dependientes que se hagan cargo de esas tareas. En la lista de preocupaciones de gerentes y directores figuran también los reclamos salariales y los futuros aumentos que deberán otorgar tras las paritarias, aun cuando las ventas, en términos reales, desciendan. A este compendio de problemáticas que enfrentan las compañías se suma un punto crítico: los crecientes conflictos gremiales y litigios judiciales derivados de regímenes como el de tercerización y los posibles cambios normativos que se debatirán en el Congreso, entre otras cuestiones. Más juicios a empresas y más caros Hace pocos días, obtuvo media sanción un proyecto de ley para que los juicios derivados de ex-empleados se actualicen a una tasa de interés nada menos que del 36% anual. Este dato no es menor y trae alerta entre los ejecutivos de negocios, dado que representará un fuerte incremento en los costos y pasivos contingentes de las compañías. El impacto de la normativa cobra más relevancia en un escenario en el que la cantidad de litigios viene creciendo exponencialmente, de acuerdo con un relevamiento de la Cámara del Trabajo. Las estadísticas justifican ese temor: • En junio de 2007 había 35.600 juicios esperando sentencia. • En junio de 2014 esa cifra ya se había elevado hasta los 120.000.  • Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), 2014 concluyó con casi 83.000 nuevos juicios.  El presidente de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), Francisco Dos Reis, fue contundente al afirmar: «En los últimos cinco años hemos visto el avance de una verdadera crisis de juicios injustificables y abusivos contra las pequeñas y medianas empresas, que en muchos casos las llevaron al cierre definitivo». “Este problema es tan grave que ha generado temor respecto a contratar personal. Por eso se debe avanzar en una solución de fondo para evitar que muchos sigan sacando ventajas de la industria del juicio», destacó. Empleo en negro Figura también entre los desafíos más urgentes del Gobierno la reducción del empleo no registrado. Desde hace años, la estadística sobre el trabajo en negro navega por encima del 30 por ciento. El INDEC informó que este indicador se ubicó en 33,6% en el tercer trimestre del 2014. Es decir, más de 4 millones de empleados -sobre un total de 12 millones- carecen de cobertura social y de previsiones jubilatorias, al no estar registrados. Si bien hace poco se sancionó una ley para darle a las empresas la oportunidad de blanquearlos, el problema está en la reincidencia. Según el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, casi un 60% de las empresas inspeccionadas luego «reinciden en el trabajo no registrado”. Pablo Mastromarino, socio del estudio Tanoira Cassagne, destacó que uno de los inconvenientes que hace que las firmas no los blanqueen es que «no existe un régimen de aportes y contribuciones que se ajuste a la realidad de cada empleador«. «Ello implica que la presión en materia de cargas sociales hoy sea prácticamente igual para una gran compañía que para un pequeño empleador, ya que las normas que apuntaron a proteger a las pequeñas y medianas firmas no resultaron eficaces a tal fin», explicó. Solapamiento, problema recurrente

Las compañías se ven obligadas a reforzar sus políticas de beneficios dirigidas a todos aquellos empleados que no están bajo convenio. El objetivo es el de evitar una situación de mayor descontento respecto de los dependientes que recibieron fuertes incrementos de sueldos como resultado de las paritarias. Hoy en día, es frecuente que las empresas se enfrenten con salarios rezagados respecto a la inflación real y solapamiento salarial entre jefes y subordinados, en la medida que no otorguen una compensación adicional a los primeros. De hecho, según un estudio de HuCap, con datos actualizados a diciembre, casi 8 de cada 10 empresas reconoció elimpacto directo de esta problemática.  No obstante, los expertos consultados por iProfesional advirtieron que el otorgamiento de beneficios podría transformarse en un arma de doble filo para las compañías. Esto es así porque, cada vez con mayor frecuencia, la Justicia considera que los mismos forman parte de la remuneración normal y habitual y, en consecuencia, deben ser contemplados en la liquidación final en casos de despido. Para evitar disconformidades de los no convencionados, la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja -presidida por el legislador Héctor Recalde– emitió dictamen favorable a un proyecto de ley que también genera alarma entre los ejecutivos de negocios. Estipula que la remuneración mensual de cualquier empleado fuera de convenio deberá ser superior al menos en un 20% respecto del salario del mejor remunerado de todos los dependientes encuadrados (es decir, en convenio colectivo de la actividad cuyo ingreso se actualiza por paritarias). ¿Se viene un Código laboral? Por otro lado, Recalde impulsa la redacción de «un anteproyecto de Código del Trabajo» a través de un «debate abierto y federal», aunque aclaró que esa iniciativa «no tiene inmediatez». Dicha comisión, en caso de avalarse su propuesta, funcionará en el seno de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, y estará integrada por once de sus miembros. “No presenté un código sino un proyecto para que se cree una subcomisión que analice y debata en todo el país junto con especialistas. La idea es llegar a un anteproyecto que pueda convertirse en un Código de Trabajo”, explicó. El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos de la Vega, coincidió en que esto «agrega un elemento de incertidumbre que en nada beneficia a la creación de empleo» y que «tratar esto en un año electoral va a significar una disputa por ver quién es el legislador más generoso». También pidió que no se agreguen nuevos motivos para que continúe prosperando la industria del juicio y el autodespido. Fuente: i profesional .com.ar      ]]>