“Sólo el 2% de las denuncias por abuso sexual infantil llegan a una sentencia para el agresor”
Según datos de UNICEF, se estima que una de cada 5 niñas y uno de cada 13 niños son abusados sexualmente en Argentina. Si bien estas cifras responden a estudios que tienen al menos 6 años, los abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes son de conocimiento público. Sin embargo, siguen siendo una dolencia social y un “tema tabú” ante la ineficiencia en su prevención y en la sanción de los agresores.
“Sólo el 2% de las denuncias por abuso sexual infantil llegan a una sentencia para el agresor”, expuso Alejandrina Román, psicóloga, sexóloga, educadora sexual y especialista en abuso sexual infantil en diálogo con Tiempo Judicial.
Román tiene, desde 1991, un centro llamado CEPAS, Centro de Educación Pareja y Asistencia a la Sexualidad, por lo que resulta ser una pionera en Argentina sobre la temática presentada en esta nota. Además, trabajó muchos años en Mendoza con Educación Sexual ya que es docente universitaria y ha escrito un libro en 2018 sobre conductas protectoras sobre niños, niñas y adolescentes ante el abuso infantil.
“El abuso sexual es un tema tabú, cuesta mucho concientizar a la sociedad y si bien se ha avanzado mucho, falta. Desde la perspectiva histórica, los derechos de los niños, niñas y adolescentes son algo reciente y sigue siendo un tema difícil de abordar”, señaló la especialista.
Consultada sobre la ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas de Abusos Sexuales, Román indicó que le parece “perfecta” y que “debería estar vigente en todos los países del mundo”.
La mencionada ley, Nº 27.206, fue sancionada en noviembre de 2015, habiendo sido propuesta por la entonces senadora Sigrid Kunath a fin de que las víctimas de delitos contra la integridad física y sexual siendo niñxs o adolescentes puedan denunciar a su agresor sin que las causas prescriban, respetando los tiempos de las víctimas denunciantes. Para esto, esta ley modificó el art. 67º y el art. 20º bis del Código Penal.
No importa la edad de la víctima, ni cuantos años hayan pasado desde que se cometió el delito, el hecho que da inicio al plazo de prescripción es la denuncia hecha por la víctima o la ratificación que hiciera de la denuncia formulada por otros.
“No hay edad límite para pedir reparación ante un daño tan grande como un abuso en la infancia. Esto es muy importante, porque esta ley permite hacer denuncias y, si el ofensor está vivo, puede recibir su castigo”, explicó Ramón.
Testimonio de las niñeces ante la Justicia
El acceso de las niñeces al sistema judicial suele ser parcial y revictimizador. Alejandrina Román, al ser consultada qué sucede con las víctimas de delitos contra la integridad sexual siendo menores de edad y sus posibilidades de acceder a la reparación de sus derechos vulnerados, respondió que “antiguamente la Justicia veía a los niños, niñas y adolescentes (NNA) como adultos pequeños”, pero que hoy se trabaja para que sean considerados como sujetos de derecho en desarrollo que “la sociedad debe proteger para tener, el día de mañana, adultos saludables”.
Sin embargo, esto resulta ser aún un ideal a alcanzar y no un hecho que suceda en la actualidad. “Los NNA, por diferentes causas, no siempre pueden hablar sobre los hechos de abuso que hayan sufrido”, apuntó la entrevistada. Y explicó: “No pueden porque tienen temor, vergüenza, porque no van a ser creídos, sino que van a ser acusados de ser provocadores de distintas situaciones”.
La psicóloga señaló que el daño sufrido por un niño o niña abusada “a veces es tan intenso que, para sobrevivir a ese daño, necesitan disociarse”. “Emocionalmente, lo ocultan porque temen enloquecer dado que en general la mayoría de los casos de abusos se cometen dentro del ámbito familiar o lo realiza alguien cercano a la víctima, como parientes o amigos de la familia. Por lo cual consideran a veces que al hablar del tema van a traicionar al entorno familiar y prefieren sufrirlo a sentir la culpa de atacar o desarmar una familia”, desarrolló.
El abuso marca de por vida a una persona, los vuelve vulnerables a nuevos ataques, a nuevos abusos e influirán en las elecciones de pareja cuando sean mayores, que “suelen abusar emocional, física, económica y sexualmente desde el vamos”. Aquí radica la importancia de detectar estos casos lo antes posible y facilitar el acceso a la Justicia, evitando su revictimización en el ámbito judicial a partir «de dejar de hacerle contar una y otra vez el relato de hechos traumáticos».
Siempre denunciar
A pesar del bajo índice de justicia ante las denuncias por abuso sexual infantil, Ramón hace especial hincapié en que es necesario, igualmente, denunciar cada abuso detectado a fin de desincentivarlos. “Una denuncia evita 14 nuevos abusos”, justificó la entrevistada, cuyos datos surgen de congresos a los que ha asistido referentes a la temática aquí abordada.
Desde la pandemia de Covid-19, en nuestro país, las denuncias de abuso sexual infantil y de violencia hacia las mujeres aumentaron en un 60%. El bajo índice de sentencia para los agresores, en ambos casos, es ínfimo “porque lamentablemente nuestra sociedad es tremendamente paternalista y machista”, donde el valor del testimonio de mujeres y niñxs o adolescentes es descreído constantemente.
El camino de la denuncia de un abuso sexual no es sencillo y resulta, muchas veces, revictimizante. Pero la importancia de hacerlo es de dimensión personal, para conseguir algún tipo de reparación y ruptura del silencio, y colectivo, ya que denunciar podría evitar que alguien más sufra un abuso sexual por parte del denunciado. Es romper con el velo de impunidad que cubre a los agresores y ofensores.
“Muy pocos logran la condena de estos agresores, pero sí hacer la denuncia es importante para evitar la repetición de otros nuevos abusos. Estas estadísticas salen de los congresos sobre el tema de las parafilias. Es importante la denuncia reparadora para la víctima y también para la sociedad”, indicó Ramón.
Finalmente, como psicóloga, sexóloga y especialista en abuso sexual infantil, Alejandrina aconsejó que las víctimas puedan comenzar “una terapia desde el momento en que se conoce la situación de abuso”, ya que “cuanto antes, más posibilidades tiene de recuperarse la persona”.
Corrupción y SAP
Las complicaciones para que los casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes alcancen una sentencia firme contra los agresores son, además del valor relativo a sus testimonios, el falso síndrome de alienación parental (SAP) y la corrupción entre los adultos involucrados.
El SAP señala que el abuso es inventado por el infante tras haber sido inducido e influenciado por su madre/padre contra el otro padre/madre. Esta suele ser la defensa habitual del denunciado para desentenderse de la acusación del niño/a, aunque no tiene una existencia comprobada: “Este pretendido SAP no tiene existencia fáctica ya que ha sido rechazado por la Organización Mundial de la Salud, por la Asociación Española de Psiquiatría, por la Asociación Americana de Psicología, por la Asociación Médica Americana y la Asociación de Psicólogos Americanos”.
Ante esta situación, muchas veces comienza la corrupción. Ramón explicó que “en contrapartida del SAP, hay algo que se llama «blackslash”, es decir, un contra movimiento social que busca legitimar diversas manifestaciones de violencia en contra de las mujeres y las personas menores de edad. Para esto, se gesta una persecución, desacreditación pública o agresión física o verbal a las y los profesionales involucrados en las evaluaciones de los casos de abuso sexual infantil alegando una complicidad de los mismos con los denunciantes. Con esto, se busca deslegitimar las pruebas que culpabilicen a los acusados como agresores.
“Esto se presenta muchas veces cuando los profesionales son agredidos o atacados, amenazados. Muchos prefieren a veces retirarse ante situaciones graves de amenaza y también sabemos que existe mucha corrupción en esta área”, explicitó Ramón. Y completó: “Personalmente, he tenido experiencias en situaciones de corrupción con los abogados o jueces defensores que han sido sobornados por el ofensor u agresor. Esto no es un secreto, sucede bastante”.
Dónde buscar ayuda
En caso de sospecha o certeza de abuso o explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, comunicarse a la línea gratuita: 0800-222-1717. También es una opción la línea 137 para casos de violencia familiar y sexual, desde cualquier punto del país.
En Ciudad de Buenos Aires, existe una línea de WhatsApp para denunciar cualquier situación de violencia o maltrato infantil: 1570377037.
En caso de querer comunicarse con el Ministerio Público Tutelar, el número telefónico es 08001227376. Atiende de lunes a viernes de 9 a 16, la cuenta de Twitter es @mptutelar y se puede acceder a la página Asesoría Responde en www.mptutelar.gob.ar.
Existe un Subprograma de Asistencia al Maltrato infantil que ofrece asistencia, acompañamiento y orientación a niñas, niños y adolescentes víctimas de maltrato o testigos de violencia. El número de teléfono es 4867-0163 / 7507-1570.
En Provincia de Buenos Aires, además de la línea 137, también es opción la línea 102.
Ante dudas o para más información, acceder a la página web comodenunciar.info.
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