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<p>El legislador del Frente de Todos, Pablo Barreno, present&oacute; una &nbsp;denuncia penal para que se investigue la posible comisi&oacute;n de delitos de acci&oacute;n p&uacute;blica, en el proceso de compra del nuevo avi&oacute;n provincial.</p><div class="adserver-zonas-noticias" data-index="0"></div><p>Barreno catalog&oacute; a la aeronave &ldquo;de lujo&rdquo; y asegur&oacute; que &ldquo;se gastaron 4.239.990 d&oacute;lares por un modelo 1994, que tiene capacidad para 8 pasajeros, una autonom&iacute;a de 4 horas de vuelo y que recientemente protagoniz&oacute; un accidentado vuelo que termin&oacute; con un aterrizaje forzoso en Salta, debido a un desperfecto en el sistema de frenos&rdquo;.</p><div class="adserver-zonas-noticias" data-index="1"></div><p>&ldquo;Entendemos que es necesario que la Justicia investigue esencialmente sobre la razonabilidad y la conveniencia del precio&rdquo;, expres&oacute;.</p><div class="adserver-zonas-noticias" data-index="2"></div><p>Entre otros puntos, el legislador argument&oacute; que &ldquo;la operaci&oacute;n se realiz&oacute; a trav&eacute;s de un intermediario: se contrat&oacute; a una empresa poco conocida en el universo aeron&aacute;utico, para adquirir una aeronave que estaba a la venta en Estados Unidos a 2,3 millones de d&oacute;lares. Es decir, la mitad de lo que finalmente se pag&oacute;&rdquo;.</p><div class="adserver-zonas-noticias" data-index="3"></div><p>Seg&uacute;n la licitaci&oacute;n, el avi&oacute;n tiene destino de vuelos sanitarios con sus configuraciones para transportes de pasajeros y/o carga. &ldquo;Sin embargo, la Provincia tiene contratos vigentes para vuelos sanitarios y uso de la gobernadora por m&aacute;s de USD 3 millones&rdquo;, remarc&oacute; el representante opositor.</p><div class="adserver-zonas-noticias" data-index="4"></div><p>Barreno, adem&aacute;s, indic&oacute; que &nbsp;&ldquo;la operaci&oacute;n estuvo enmarcada en una investigaci&oacute;n judicial a nivel federal sobre todas las compras de aviones en los &uacute;ltimos dos a&ntilde;os, que tiene como objetivo saber si hubo casos de sobrefacturaci&oacute;n pero tambi&eacute;n se sospecha de maniobras al borde de la ilegalidad para obtener los d&oacute;lares al valor oficial, con autorizaci&oacute;n del Banco Central&rdquo;.</p><div class="adserver-zonas-noticias" data-index="5"></div><p>Tambi&eacute;n compar&oacute; con el caso de La Pampa cuyo gobierno adquiri&oacute; una aeronave similar, en octubre del 2020, m&aacute;s moderna y por la suma de 1.999.000 d&oacute;lares.</p><div class="adserver-zonas-noticias" data-index="6"></div><p>&ldquo;En el marco de la severa crisis financiera y econ&oacute;mica que atraviesa la provincia de R&iacute;o Negro desde hace varios a&ntilde;os [&hellip;] es de vital importancia esclarecer las circunstancias y determinar si el proceso de compra se ajusta a lo establecido por la norma&rdquo;, aclar&oacute; el parlamentario. &nbsp;</p><div class="adserver-zonas-noticias" data-index="7"></div>

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Fue en febrero del 2011 cuando la Justicia se había pronunciado sobre la temática y dictaminó que el Gobierno de la ciudad actúe para evitar el peligro al que estaban expuestos miles de habitantes en ese barrio y que muchas veces tiene consecuencias fatales.

Se había ordenado que se cree un protocolo para responder a emergencias eléctricas y a elaborar un plan de obras que colabore con un mejor funcionamiento. Según la ACIJ, luego del incumplimiento, la justicia volvió a pronunciarse y le ordenó al ejecutivo porteño debe cumplir con lo ordenado en el sector Tierra Amarilla de la Villa 21-24.

En este sentido, la abogada del programa Derecho a la Ciudad de ACIJ, Guillermina Greco, señaló a este medio que «esta medida va en línea con la sentencia de fondo de 2018 porque el GCBA no está cumpliendo con la sentencia. La medida se da en particular para un sector del barrio que se llama Tierra Amarilla donde se habían identificado que casas eran las que tenían riesgo más alto y se empezaron las tareas. Como parte de la causa, y para que se revierta el riesgo eléctrico, desde ACIJ pedimos que se ejecute la medida y que retomen las obras aunque seguimos reclamando el cumplimiento del fallo en todo el barrio, esto es, que las personas de la villa 21 dejen de vivir con riesgo eléctrico porque las consecuencias son graves».

En el 2018 cuando el Gobierno comenzó un relevamiento de las viviendas, que reveló, de las 706 viviendas visitadas, al menos más 300 sufrían un riesgo eléctrico crítico o alto. Pero, con el inicio de la pandemia, las obras se detuvieron.

Fue en ese marco, que el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 de la CABA ordenó que en los próximos cinco días las tareas se renueven en las casas con alto riesgo y que se realice un plan de trabajo para las de menor problemática.

Las mismas, deberán ser una revisión de los tendidos eléctricos, las conexiones domiciliarias, revisión del alumbrado público y garantizar condiciones de seguridad para los vecinos. 11 años después y con una sentencia definitiva incumplida, la justicia volvió a pronunciarse y le ordenó al ejecutivo porteño que retome los trabajos en el sector Tierra Amarilla de la Villa 21-24.

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La condena fue por gastos médicos, daño emergente, daño físico y moral a Metrovías S.A. más los intereses calculados desde la fecha del accidente hasta su efectivo pago. Y eximió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la responsabilidad en el incidente de autos, en tanto no puede alegarse que omitió controlar y fiscalizar con cierta periodicidad y a través de la empresa estatal SBASE el estado de las instalaciones concesionadas. Todo ello en el marco de la causa: «S. y A. V. N. contra GCBA sobre daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica)». Exp N° 1448/2017-0

El 18 de junio de 2016 la mujer se encontraba junto a su hija en la estación Leandro N. Alem del subte B. Al bajar las escaleras pisó uno de los bordes de esta, que estaban rotas y sin bandas antideslizantes, y se cayó fracturándose el tobillo izquierdo.

En el expediente la mujer relató que todo lo que sucedió le ocasionó le provocó “una profunda depresión, malestar, amargura, puesto” porque no podía valerse por sus propios medios, y necesitó “ayuda para bañarme, trasladarme y atender a mis tres hijas”.

Es que la mujer tuvo que “aprender nuevamente y de a poco a caminar”,  y al ser inmovilizado su pie “durante dos meses y medio” que debió utilizar una silla de ruedas por más de dos meses, después muletas con unas 25 sesiones de kinesiología.

Además, ante su disminución en la movilidad fue trasladada a realizar tareas administrativas, ella es maestra jardinera, lo que también le agregó a su situación. “Tuve que realizar labores que nada tienen que ver con mi profesión y debí adaptarme a un nuevo ambiente laboral, lo que me da provocado suma angustia, malestar y desazón”, contó la mujer en el expediente.

La causa llegó a manos del juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo, Darío Reynoso, ordenó a Metrovías S.A. que abone a la actora en concepto de indemnización, la suma de 150 mil pesos más intereses. El magistrado explicó en la sentencia que “se encuentran configurados los supuestos necesarios para responsabilizar a Metrovías S.A.”

Para el juez, “en el marco de la relación del contrato de transporte que la unió con la actora y el deber constitucional de seguridad que recae sobre ésta en tanto relación de consumo (artículos 42 CN y artículo 46 CCABA) recaía sobre ésta para deslindarse de responsabilidad, la obligación de probar la fractura del nexo de causalidad, circunstancia que no ha logrado acreditar”.

“Existe en cabeza de la empresa concesionaria –Metrovías S.A.– la obligación normativa de mantener las instalaciones de los subterráneos en servicio y en condiciones de ser utilizadas regularmente por los usuarios bajo razonables pautas de seguridad”, detalló el magistrado.

Sin embargo, deslindó de toda responsabilidad de indemnización en el caso al gobierno porteño entendiendo que “recae sobre el estado local GCBA –a través del Ente Único Regulador de Servicios Públicos y SBASE– el deber de controlar y fiscalizar que esas obligaciones sean cumplidas adecuadamente y de sancionar en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso”.

Para Reynoso SBASE “llevó adelante la fiscalización de la estación Leandro N. Alem de conformidad con las obligaciones que le impone la normativa vigente” por lo que es “circunstancia resulta suficiente para eximir al GCBA de responsabilidad en el incidente”.

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El ex presidente salió rápidamente a festejar en su Twitter y quién salió al cruce no fueron sólo los familiares de las víctimas del submarino hundido ARA San Juan sino el ministro de Justicia, Martín Soria. «Ganó la verdad. La verdad aún puede ganar en la Argentina. No perdamos la fe. Cada vez falta menos para que la Argentina cambie para siempre», festejó el referente del PRO desde su cuenta en la red social Twitter, tras conocerse la medida judicial.

Soria salió al cruce y dijo que a Macri «No lo sobresee la Justicia: lo salvan sus amigos». «Cuando no son los camaristas que trasladó ilegalmente, son los jueces que entraban a escondidas a la Rosada», resaltó Soria en alusión a los encuentros que los camaristas de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos mantuvieron con el expresidente Macri en la Casa Rosada y en la Residencia de Olivos.

Esta causa tramitó ante la Justicia federal de Dolores hasta fines del 2021 cuando la Cámara de Casación Penal decidió que pasaran a los tribunales federales de Comodoro Py, arrastrados por el caso D´ Alessio que pasó a tramitar en el juzgado del juez Julián Ercolini.

Hoy, los camaristas consideraron que no hubo delito: «La evidencia reunida permite tener por corroborado que la injerencia de este organismo en esta actividad -mediante los informes objeto de imputación- fue realizada en el marco de sus atribuciones, siendo que la potencial existencia de un riesgo contra la seguridad del Presidente es un objeto específico de la inteligencia nacional», escribieron Llorens, Bruglia y Bertuzzi.

¿Qué dijeron los familiares?

«Lo vivimos con decepción. Es un golpe judicial que nos lleva a revivir la sensación ante cada parte diario falso, cada reunión con autoridades nacionales y cada falsa promesa» durante la búsqueda en 2017, señala el comunicado firmado por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, representantes de las familias.

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“Es un grave precedente contra la división de poderes. El fallo del Consejo contradice principios básicos del Derecho”, aseguró Soria en su exposición hoy ante los diputados que tiene en debate en la Cámara de Diputados por la “nueva” reforma del Consejo de la Magistratura que impulsa el Gobierno hace tiempo y tiene media sanción del Senado.

Un día después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara todos los planteos de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la obra pública, el ministro de Justicia, Martín Soria, estuvo en la Cámara de Diputados y aprovechó a pegarle a la Corte.

El máximo tribunal resolvió este martes respecto de una serie de planteos de la vicepresidenta de la Nación y otros imputados en la causa por la adjudicación de obra púbica a las empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, con lo que virtualmente avaló la continuidad del juicio oral y público que se encamina a su finalización.

En este sentido, Soria hizo un repaso histórico de la actitud de la Corte Suprema durante el gobierno de Macri donde se presentó un proyecto similar al actual sobre la reforma del Consejo. Y en ese sentido, destacó que el proyecto que llegó del Senado divide al territorio en 4 grandes regiones «federales» con la lógica de dar voz a los estamentos de jueces y abogados en las provincias, y en la perspectiva de género dentro del organismo que reduciría de 20 a 17 integrantes su composición actual.

«La ley que reestableció la Corte ya fracasó y fue superado. Es inaceptable esto del fallo de la Corte porque es un modelo inconstitucional e ineficente. Es un modelo antidemocrático el modelo que reestableció la Corte de un plumazo con un fallo», sentenció Soria en el cierre de su exposición en el Congreso en la búsqueda del quórum de 129 diputados para avanzar en volver a la conformación de 17 integrantes sin la presencia de la Corte en el organismo que hoy preside.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara baja, ya viene teniendo reuniones anteriores escuchó a numerosos especialistas convocados para hablar a favor y en contra de la iniciativa que ya cuenta con sanción del Senado. Expusieron un total de 27 abogados y abogadas.

El ministro ya cuenta con el antecedente de la actitud que mostró cuando le tocó abrir el debate de la reforma del Consejo de la Magistratura en el Senado. Fue el 22 de marzo pasado y en esa oportunidad el ministro realizó una contextualización del tratamiento de la iniciativa y lanzó duras críticas hacia la Corte Suprema de Justicia.

“El Congreso está obligada a legislar bajo presión”,lanzó Soria y lamentó el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 16 de diciembre de 2021 al cual calificó como una “extorsión sin precedentes en la historia democrática del país”.

Haciendo un poco de historia reciente, ante una demanda de 2006 del Colegio de la Ciudad, el pasado 16 de diciembre de 2021, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la composición de 13 miembros sancionada tras la reforma de 2006 y vuelve a la original que tenía 20 miembros presidida por la Corte Suprema.

En su sentencia, la Corte presidida por Horacio Rosatti, dispuso un plazo de 120 días para que se sancione una nueva ley, entonces se realizaron elecciones de los distintos estamentos que componen el Consejo para cubrir las 7 vacantes que faltan. Cumplido el plazo, la Corte puso un pie en el Consejo. Es decir, Rosatti preside hoy en día asimismo el Consejo y la Corte, con una integración total de 20 miembros.

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