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piden condenar a Echegaray, López y De Sousa

Juan García Elorrio dijo que tiene la «certeza sobre la materialidad de los hechos y la participación de los acusados». La AFIP desistió de la acusación

El fiscal ante el Tribunal Oral Federal 3, Juan García Elorrio, anticipó que pedirá condenas para el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa en el juicio que se les sigue por supuesta defraudación al fisco en la empresa Oil Combustibles.

«Voy a solicitar que se condene» ante la «certeza objetiva sobre la materialidad de los hechos y la participación de los acusados», sostuvo el fiscal en el inicio de su alegato final, en una nueva audiencia del debate que se realiza de manera virtual a través de la plataforma Zoom.

García Elorrio sostuvo que la fiscalía «tiene por probado con el grado de certeza requerida para el dictado de un fallo condenatorio, los hechos objeto de este proceso descriptos en el requerimiento fiscal de elevación a juicio»

El fiscal aludió a la «actividad probatoria» incorporada en el debate que comenzó el 13 de junio de 2019.

«Existe prueba de cargo», sostuvo ante los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso.

Echegaray está procesado como supuesto coautor, mientras que López y De Sousa como partícipes necesarios del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.

El 9 de septiembre último, la única querella en el caso, representada por la AFIP, anunció su decisión de desistir de la acusación penal y de la acción civil que llevaba contra los empresarios ante la «regularización total de las obligaciones tributarias objeto» del juicio oral.

El ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, está procesado como supuesto coautor del delito de defraudación al Fisco

Alegato final

Al término de la audiencia del 9 de septiembre, el fiscal pidió a los jueces más plazo para preparar su alegato final, debido a que estaba en el último tramo de otra causa penal de relevancia, la tragedia del avión de Austral en Fray Bentos en 1997, en la que esta semana pidió absolver a todos los acusados.

Por eso se fijó la audiencia para este jueves y luego será el turno de las defensas.

Al desistir de la acción civil y penal que llevaba contra los empresarios y Echegaray, la AFIP evaluó que «se ha producido la regularización total de las obligaciones tributarias objeto» del juicio oral.

Esto se dio mediante la adhesión a un plan de pagos, por lo cual «el objeto principal de la demanda civil devino abstracto«, consignaron los abogados de AFIP Fabricio Lanzillota y Silvina Torres.

También informaron la decisión «por orden de su mandante», la actual titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, de desistir de la acusación penal hecha por «la entonces conducción del organismo» en 2016.

Entre los argumentos se aludió a «hechos nuevos acaecidos con posterioridad al inicio de la demanda» y en base a la sanción de la ley 27.541 en 2020, que derivó en la adhesión al plan de pagos por parte de la empresa.

Los letrados aludieron a una «excepcionalidad manifiesta basada en nuevos hechos» que llevaron a «desistir de la acción penal en las presentes actuaciones».

El organismo explicó que quedó «regularizada la deuda» que se reclamaba a través de la adhesión a un plan de pagos de 97 cuotas por aproximadamente 12 mil millones de pesos.

El primer pago a cuenta del plan se concretó el 7 de septiembre de 2021, según detallaron.

dzv

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, desistió de la acción civil y penal que se llevaba contra los empresarios y Echegaray

El juicio

El juicio a los dueños de Oil Combustibles y a Echegaray comenzó el 13 de junio de 2019 tras una investigación en la que fueron procesados por presuntos delitos en el otorgamiento de facilidades de pago en relación al impuesto a la transferencia de combustibles líquidos, en una deuda de períodos fiscales comprendidos entre mayo de 2013 y agosto de 2015.

El debate estuvo suspendido cinco meses por la pandemia de Covid-19 y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020.

Durante la instrucción de la causa, a cargo del juez federal Julián Ercolini, los empresarios dueños del grupo de medios Indalo estuvieron detenidos con prisión preventiva durante un año y diez meses hasta que fueron excarcelados por el Tribunal Oral.


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